Sistema de Emergencia evalúa actuación y daños en temporales

Gustavo Leal: “El costo de las turbonadas superó los dos millones dólares”

"Las siete turbonadas ocurridas en los primeros 20 día de enero le costaron al país 2.125.000 dólares", comentó hoy el coordinador general del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), Gustavo Leal. Ese fue el monto que se utilizó para solventar la reconstrucción de las viviendas y edificios públicos, la restauración del equipamiento urbano, y reestablecer los servicios afectados por los temporales de viento, lluvia y granizo que se desataron durante enero sobre siete departamentos del interior del país: Soriano, Río Negro, Durazno, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rocha y Lavalleja.

El miércoles 2 de febrero Leal visitará Soriano y Río Negro por tercera vez para supervisar las tareas de reconstrucción, en compañía de la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli,  y del prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa. La semana anterior ya había recorrido los otros cinco departamentos afectados.

Las viviendas cuya reconstrucción será asumida por el gobierno nacional y las intendencias locales suman alrededor de 340, y se localizan en Treinta y Tres, Cerro Largo, Río Negro y Soriano. Casi la mitad (145) están ubicadas en este último departamento.

El gobierno nacional se hará cargo del 70 por ciento de los 60.000 dólares necesarios para las obras en viviendas en Soriano, y de un porcentaje similar de los 25.000 dólares que se gastarán con ese mismo fin en Río Negro.

También asumirá la totalidad del costo de los trabajos en los hospitales de Mercedes y Fray Bentos, que suman 1.086.300 dólares.

El primero de ellos resultó particularmente dañado por la turbonada del domingo 16 de enero. Tras una recorrida por el establecimiento, el viernes 21, la División de Arquitectura de ASSE elevó un detallado informe en el que calcula en 19.726.000 pesos (986.300 dólares) la suma necesaria para su reconstrucción.

Las estimaciones de gastos a realizar en el hospital de Fray Bentos ascienden a su vez a 2 millones de pesos (unos 100 mil dólares).

Por su lado, UTE calculó los trabajos a realizar en los siete departamentos afectados en alrededor de 10 millones de pesos (500.000 dólares).

“Esta temporada pasó de todo, desmintiendo aquello de que en el Uruguay no tenemos eventos climáticos graves, serios, de que aquí no pasa nada. Además de las turbonadas, hubo incendios forestales y faltó el agua en numerosos departamentos. Algunos acumularon eventos de los tres tipos, como Cerro Largo”, dijo Leal.

En espacio de un mes no hubo Comité Departamental de Emergencias, el organismo de representación local del sistema en el interior del país, que no fuera activado. “Todos respondieron con eficacia”. Salvo en el caso de la falta de agua para consumo humano en localidades rurales aisladas de Cerro Largo, ocasión en que la Intendencia departamental no dio abasto para satisfacer la demanda con sus propias capacidades, la estructura nacional del SINAE no debió ser movilizada. Bastó con las representaciones locales. “Esa fue una buena cosa”, destacó Leal.

Al coordinador general del SINAE, el primer civil que asume esta función, le preocupa de todas maneras la magnitud del camino a recorrer para que en Uruguay se interiorice realmente una cultura de la gestión del riesgo. “La propia gente no dio importancia a los alertas lanzados por la Dirección Nacional de Meteorología antes de los temporales del 9 y el 16 de enero. Podría haber habido tragedias, desastres mayúsculos. En Soriano había 8.000 personas en el agua en el momento de los vientos más fuertes, y en el balneario Las Cañas eran 10.000 los que se estaban bañando”.

Algo se avanzó, pese a todo, desde los terribles temporales de 2005, que causaron una decena de muertes. “Empezó a haber una cierta conciencia de la vulnerabilidad del país a estos eventos, de la realidad del cambio climático, que provoca por estas latitudes sequías, inundaciones, turbonadas con más frecuencia e intensidad que antes, pero hay que insistir en la tarea de prevención, en la preparación a todo nivel para paliar estos eventos y corregir lo que se pueda corregir”, apuntó.

La propia reestructura del Sistema Nacional de Emergencias, que desde la aprobación de la ley 18.621, a fines de 2009, pasó a asumir funciones de prevención y rehabilitación, además de las tradicionales de respuesta a la catástrofe, ha aportado al “necesario cambio de cultura en este plano”, observa Leal.

“Hoy hay una presencia institucional en esta materia, y eso ha sido percibido por las autoridades locales y por la propia población”, señala. Cuando la turbonada en Soriano, el domingo 16, el intendente blanco Guillermo Besozzi manifestó su sorpresa y satisfacción ante la actitud del SINAE. “Leal estaba aquí desde la madrugada siguiente. Nunca había pasado algo así”, declaró entonces el intendente a Montevideo Portal.

La “nueva mentalidad” que Leal reivindica para el servicio que coordina, dependiente de la Presidencia de la República a través del prosecretario Diego Cánepa, se manifestó también en una nueva modalidad de intervención en la asistencia a la población afectada por desastres. “Se convino con esos vecinos contratos de inclusión por los cuales se comprometen, a cambio de la canasta de materiales que reciben para la reconstrucción de sus casas, a diversas contraprestaciones (asistencia obligatoria de los niños a los centros educativos, controles sanitarios regulares, entre otros), bajo control de los servicios del Ministerio de Desarrollo Social”, apunta el coordinador del SINAE.

“Es un ejemplo de involucramiento del SINAE en la implementación de una política de más largo aliento, que trasciende la mera respuesta ante la urgencia”, dice.

Leal busca promover “intervenciones integrales” desde el Estado, en dirección de la población y sobre el territorio. “De nada sirve, para poner un caso, reconstruir una vivienda en una zona inundable. Al año siguiente, o a los pocos meses, se presentará el mismo problema. Un ordenamiento territorial adecuado lo evitaría. El gobierno actual marcha en ese camino, y los legisladores de todos los partidos que votaron en 2009 la ley que creó el SINAE de hecho también lo están”.

El texto de la ley 18.621 introduce la dimensión de la planificación territorial en el marco de una “gestión integral para la reducción de los riesgos”.

Políticas de ese cuño inspiraron, por ejemplo, años atrás, el traslado, en el marco del programa MEVIR, de parte de la población de la localidad de Caraguatá, en el interior profundo de Tacuarembó, uno de los caseríos afectados por los fenómenos climáticos extremos de este verano.

Los caraguatenses que en su momento optaron por desplazarse cambiaron sus ranchos de adobe y chapa, sin servicios públicos, aislados en el medio de la nada, por viviendas dignas ubicadas en complejos habitacionales cercanos a una ruta, conectados a las redes de luz, agua y saneamiento.

Quienes, en cambio, permanecieron en el poblado, unas diez familias, forman hoy parte del núcleo duro de alrededor de 4.000 personas que año a año, verano a verano, ven cómo los pozos de los que se surten se secan por la falta de lluvias. Este verano no fue la excepción, y Caraguatá fue una de las pequeñas poblaciones rurales que padecieron los problemas más agudos de carencia de agua para consumo humano.

Para abastecer a los habitantes de esos caseríos y villorrios, integrantes de un grupo mayor de 8.000 familias (entre 20.000 y 24.000 personas) aún no conectadas a los servicios públicos de agua potable, es que OSE está llevando a cabo de todos modos un plan sumamente costoso (ronda los 20 millones de dólares) que concluiría al término del actual período de gobierno.

“Un buen encare de la emergencia implica, por supuesto, socorrer a quien sea que esté confrontado a una situación extrema, así se trate de una sola persona”, pero también actuar para evitar, en la medida de lo posible, que la emergencia se reproduzca a futuro, piensa Leal.

También en lo relativo a los incendios forestales el SINAE ha procurado un cambio de registro, en acuerdo, en este caso, con la Dirección Nacional de Bomberos.

La realización de una muy intensa campaña de sensibilización destinada a la prevención, el mayor celo puesto en la persecución a los causantes de los incendios (21 personas fueron detenidas entre el 1 de diciembre de 2010 y el 20 de enero por esa causa, casi un récord), el aumento de las multas a los propietarios negligentes de áreas forestadas, la renovación del equipamiento gracias a un fondo especial de 1,5 millones de dólares fueron algunos de esos nuevos lineamientos. Otro: la definición de una estrategia de saturación para generar una presencia más notoria de los Bomberos sobre el terreno, fundamentalmente a lo largo de la costa y a partir de la creación de una brigada de Bomberos Comunitarios novedosa en Uruguay.

Otro de los aspectos en que se pondrá el acento en los próximos años será la creación de un sistema de información geográfico para el manejo de los riesgos de emergencia.

“En definitiva de lo que se trata es de operar globalmente, obviamente durante la emergencia, pero también antes y después, y a eso estaremos abocados en los próximos años”, concluyó Leal.