Política de extensión rural
Participación ciudadana y ordenamiento territorial para
un desarrollo sustentable
El 9% de la población vive en zonas
rurales. La situación tiene implicancias sobre la
ocupación del territorio y la soberanía alimentaria,
dijo el director de Desarrollo Rural del MGAP, José
Olascuaga. La extensión rural dirigirá asistencia
técnica a los productores familiares, inclusión más
equitativa en las cadenas de valor agregado, en forma
combinada y eficiente, con la aplicación de políticas
diferenciales estatales.
En las
jornadas “Participación ciudadana en programas de
Asistencia Técnica y Extensión Rural”, el Director
General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca (MGAP), José Olascuaga, destacó la
importancia de la intervención activa de los actores en
el territorio y contemplar las múltiples dimensiones que
el concepto de desarrollo implica.
En ese
sentido, se realizará un ciclo de cuatro talleres
regionales en "Las Brujas"; Trinidad; Tacuarembó; y
Treinta y Tres, con la participación de técnicos de
ámbitos públicos y privados, como forma de ubicar la
extensión rural en el debate de la agenda académica,
política y en las organizaciones sociales.
En el
marco de la conmemoración del Bicentenario de la
Revolución antigüista, Olascuaga, afirmó que las
primeras políticas diferenciadas se escribieron en el
año 1815, bajo la forma de "Reglamento Provisorio para
el Fomento de la Campaña". No obstante, "en la
actualidad seguimos pensando que los más infelices
tienen que ser los más privilegiados", dijo. Agregó que
por ello tiene que producirse un ordenamiento
territorial y de las actividades económicas para lograr
el desarrollo rural.
Dijo
que desde la administración pasada de Gobierno se
continúa con la línea de trabajo de definir a un público
objetivo para las políticas diferenciales, el cual
contempla a la producción familiar y a los trabajadores
rurales. Se estima que los productores familiares que
viven en el territorio nacional son aproximadamente
30.000.
Los
problemas de la producción familiar no son
exclusivamente tecnológicos, afirmó el jerarca, porque
lo más importante pasa por lo social y las variantes
económicas del sector agropecuario, junto a las
consecuencias del cambio climático.
Explicó
que la extensión rural es un proceso educativo no
formal, concepto que es más amplio que la simple
transferencia de tecnología porque se pretende que la
población objetivo tenga una participación activa. Esto
conducirá a un cambio en las capacidades, valores y
actitudes, precisó.
El
desafío para esta etapa de Gobierno, es que la ejecución
de las políticas de desarrollo se efectúe en forma
unificada desde la dirección de desarrollo y las
soluciones que se propongan atiendan las diferentes
dimensiones y a los actores en el territorio.
También
destacó la participación de la población en las Mesas
Institucionales rurales presentes en el territorio
nacional, acciones que apuntan al desarrollo económico,
la sustentabilidad social y ambiental. |
