Juicio y castigo

Pesadas condenas para militares argentinos en causa por Automotores Orletti, centro del Cóndor en Buenos Aires

A penas de entre 20 años y cadena perpetua fueron condenados este 31 de marzo en Buenos Aires cuatro ex represores argentinos involucrados en la desaparición de varias decenas de uruguayos detenidos en el centro clandestino Automotores Orletti. La lectura de las sentencias fue seguida en directo desde la residencia del embajador argentino en Montevideo por sobrevivientes de ese campo de detención y familiares de víctimas.

Los camaristas del Tribunal Federal 1 encontraron culpables, en distinto grado, de delitos de homicidio calificado, tormentos y privación ilegal de la libertad al general retirado Eduardo Cabanillas, los ex agentes de los servicios de inteligencia argentinos Eduardo Ruffo y Horacio Martínez Ruiz y el ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército argentino Raúl Gulielminetti.

Cabanillas fue condenado a cadena perpetua, Ruffo y Martínez a 25 años de prisión y Guglielminetti a 20. Al general retirado, uno de los responsables de Automotores Orletti, se le imputò "homicidio calificado en cinco oportunidades, privación ilegítima de la libertad en 29 oportunidades y tormentos en 29 oportunidades", según figura en el fallo.

El centenar largo de presentes en la residencia diplomática siguió la audiencia desde una pantalla gigante instalada en los jardines, casi siempre en silencio. No hubo exteriorización mayor de alegría, sí satisfacción.

"Fue un fallo histórico, la prueba de que se puede hacer justicia", comentó Macarena Gelman, hija de los argentinos Marcelo Gelman, asesinado en Orletti, y de María Claudia García, trasladada desde ese centro de detención hacia Montevideo, donde desapareció tras dar a luz a su hija probablemente en el local de la Secretaría de Inteligencia de Defensa de la dictadura uruguaya en Bulevar Artigas y Palmar.

Macarena, que vive en Montevideo, fue entregada ilegalmente en adopción y recién se le restituyó su identidad en el año 2000.

"Es mejor que la justicia tarde a que la injusticia se instale de manera permanente", dijo por su lado en Montevideo Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino y abogado defensor de varios de los uruguayos hoy querellantes en la "causa Orletti".

"Con impunidad no se construye ni el presente ni el futuro", agregó.

Entre los presentes en la representación diplomática figuraba también Bernabela "Belela" Herrera, ex vicecanciller uruguaya que acaba de ser condecorada por el gobierno argentino con la Orden de Mayo, la máxima distinción otorgada por ese país, por su contribución de décadas a la defensa de los derechos humanos.

Durante el juicio el tribunal escuchó el testimonio de más de 80 personas, entre ellas una treintena de uruguayos, en su mayoría sobrevivientes o familiares de otras víctimas que permanecen como desaparecidas.

Instalado en el predio de un garage ubicado en el barrio porteño de Floresta, Orletti fucnionó durante varios meses (entre junio y noviembre de 1976) como el principal centro operativo en Buenos Aires del Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur. Por allí pasaron, además de militantes argentinos, decenas de uruguayos, también chilenos y bolivianos y hasta dos diplomáticos cubanos que figuran en las listas de desparecidos.

Los testimonios de los uruguayos detenidos en ese campo que pudieron sobrevivir coinciden en identificar entre quienes los interrogaban y torturaban a varios oficiales de su país, algunos de ellos detenidos actualmente en Montevideo. Otro, el coronel retirado Manuel Cordero, fue arrestado en Brasil a pedido de la justicia argentina y extraditado el año pasado hacia Buenos Aires, donde espera a ser enjuiciado en el marco de la causa abierta por el Plan Cóndor, en la que aparecen como víctimas cerca de 50 uruguayos.

"Todo secuestrado (que pasaba por Orletti) era sometido a un régimen con tanta carga de terror y sadismo que de por sí era constitutivo del delito de imposición de tormentos", señaló en su auto de procesamiento de los imputados el juez Daniel Rafecas.

El lugar donde funcionaba el centro clandestino de detención es hoy un "sitio de memoria" y fue reconstruido en parte gracias a los testimonios de los uruguayos sobrevivientes.