Según informe de MYSU

Derechos de usuarias de ASSE en salud sexual y reproductiva no siempre son respetados

Los profesionales de la salud y auxiliares de enfermería de Montevideo tienen buen conocimiento de las normas referidas a salud sexual y reproductiva pero a menudo priorizan sus convicciones personales sobre las disposiciones legales y lesionan derechos de las pacientes, señala el informe 2010 del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva..

El documento, elaborado por la organización Mujer y Salud de Uruguay (MYSU) y presentado este jueves 5 en un acto que contó con la presencia, entre otros, del ministro de Salud Pública Daniel Olesker, aborda por primera vez las prácticas de quienes se desempeñan en los servicios públicos del primer nivel de atención en Montevideo.  

Tras un acuerdo con la Red de Atención Primaria capitalina de ASSE, todos los profesionales involucrados debieron  responder a un cuestionario que abarcó un conjunto de temas referidos a los sistemas de valores (infancia, familia, reproducción, embarazo, aborto y anticoncepción).  

De las respuestas brindadas, señaló la directora de MYSU Alejandra López a la Secretaría de Comunicación, se desprende que tienen un buen conocimiento de las normas referidas a  anticoncepción reversible y no reversible, prevención y atención de violencia doméstica y sexual, prevención del aborto de riesgo y VIH sida, entre otros. 

Sin embargo,  en varios de estos asuntos no dan a las mujeres que se tratan con ellos “respuestas aceptables” para las pacientes. 

“Nos preguntamos entonces qué sucedía con el sistema de valores de esos profesionales. En qué medida favorecía o no el cumplimiento de las normativas y el acceso de las usuarias a las prestaciones”, señaló López.  

El documento concluye que a menudo los profesionales anteponen sus convicciones personales, éticas, morales, religiosas, a lo que establecen las políticas públicas.  

Respecto a la ligadura de trompas o la vasectomía, por ejemplo,  la mitad “considera que no deben ser realizadas a personas sin hijos, cuando la norma vigente establece como únicos criterios tener 21 años o más y tener capacidades psíquicas e intelectuales plenas para consentir el procedimiento”. 

Se produce aquí una tensión entre los valores del profesional y la norma que establece un derecho, resalta López.  

El documento advierte que “las tensiones entre la acción técnica y la acción moral se expresan en asuntos tales como cumplir con la orientación de la política pública cuando ésta no concuerda con la posición personal del profesional”.  

El 50 por ciento de los profesionales reivindican el derecho a objetar la realización de un procedimiento cuando éste no coincida con sus propias convicciones, aun al precio de inhibir el cumplimiento de una prestación.   

“La posibilidad de renunciar al servicio de salud no es una opción que consideren en tales circunstancias”, observa López.                    

La directiva de MYSU sostuvo además que el informe aporta a la discusión sobre políticas de formación de recursos humanos en la salud y abre una agenda muy amplia de temas a investigar, fundamentales a la hora de implementar políticas públicas en la materia.  

El Observatorio, creado por MYSU en 2007, es un programa de generación sistemática de información para el ejercicio calificado del monitoreo ciudadano en la agenda nacional en salud sexual y reproductiva.  

Cuenta con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas y con la declaración de interés ministerial del MSP.