Baja de edad de imputabilidad

Consejo Consultivo del Niño y Adolescente rechaza propuesta de reforma constitucional

El Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente rechazó este lunes la iniciativa de promover una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal, al entenderla contraria a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989.

Al ratificar ese tratado, recuerda el organismo, el Estado uruguayo asumió que “niño (es) todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

De aprobarse la reforma propuesta, observa, los adolescentes comprendidos entre los 16 y 17 años de edad serían sometidos al mismo régimen penal que los adultos, desconociendo la especificidad del sistema penal adolescente establecido en la Convención.

Uruguay, indica, “comprometería su responsabilidad internacional y debería denunciar el tratado”, lo cual tendría “consecuencias políticas relevantes en materia de la posición del país en relación a la comunidad internacional”.

Por otra parte, subraya, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece un sistema penal juvenil acorde a lo dispuesto por la Convención, en tanto prevé un proceso especial para los adolescentes entre 13 y 17 años que infrinjan la ley penal.

El texto difundido este lunes 16 indica asimismo que “La reforma propuesta a la ciudadanía no es la solución para resolver los problemas de la seguridad ni aquellos que se derivan de las infracciones a la ley penal en que incurren una ínfima minoría de los adolescentes uruguayos”.

“La experiencia internacional ha demostrado que las rebajas de edad de imputabilidad, así como el aumento de las penas, no resultan herramientas idóneas para disminuir la violencia en la sociedad”, agrega.

El Consejo está integrado por representantes de los ministerios de Desarrollo Social y Educación y Cultura, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto Pediátrico “Luis Morquio” y de la sociedad civil. En el caso de esta declaración el Poder Judicial se abstuvo.